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Cada análisis se construyó sobre fuentes oficiales chilenas y pasó por verificación contradictoria antes de publicarse. Los datos crudos, las fuentes y la trazabilidad están abiertos.
Ficha del Boletín 18.216-05, la ley miscelánea que el Congreso despachó el 4 de agosto y que se juega su tramo final en los vetos y el Tribunal Constitucional. Ocho afirmaciones se contrastaron contra fuente primaria: dos resisten ese rótulo y seis quedan en disputa.
Análisis ex ante del proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea (boletín 14.838-03). Propone licenciar y tributar un mercado hoy prohibido, pero no declara indicador, meta ni línea base para cuatro de sus cinco objetivos. Sigue en tramitación.
La Ley 21.591 reemplaza el régimen del impuesto específico a la actividad minera y reparte parte de lo recaudado entre gobiernos regionales y municipios. Rige desde enero de 2024 y ya llegó a más de trescientas comunas, aunque no fija metas cuantificadas para evaluar su resultado.
La Ley 10.336, orgánica de la Contraloría, frente a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OCDE: doce dimensiones institucionales.
Análisis ex-ante del proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos (boletín 17.590-05): qué propone para la gobernanza e interoperabilidad de datos del Estado, cómo se apoya en la Ley 21.719 de protección de datos, y las tensiones de financiamiento e implementación que abrió el debate en el Senado.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales estandariza los cerca de 380 permisos del Estado y crea la ventanilla única SUPER. Su régimen sustantivo entra de forma diferida hacia 2026, así que su desempeño aún no puede medirse y la evidencia disponible es de preparación.
La Ley Marco de Ciberseguridad crea la ANCI y obliga a los operadores de importancia vital a prevenir y reportar incidentes. La institucionalidad está en marcha desde 2025, pero la ley no fija metas ni indicadores de resultado para evaluar su desempeño.
Firma y documento electrónico (Ley 19.799, 2002) y transformación digital del Estado (Ley 21.180, 2019) como un solo cuerpo. La confianza digital que sienta la 19.799 es la base sobre la que la 21.180 vuelve electrónico por defecto el procedimiento administrativo.
La ley crea derechos exigibles sobre los datos personales y una autoridad con potestad sancionatoria, pero no fija metas, indicadores de resultado ni un mandato de evaluación de su propio desempeño.
La Ley de Inclusión Escolar pone fin al lucro, la selección y el copago en los establecimientos que reciben aporte del Estado. Cuantifica sus insumos con precisión y no dedica ningún artículo a medir sus resultados.
Análisis ex ante de la reforma al Sistema de Admisión Escolar (boletín 18.389-04). El proyecto declara tres objetivos cualitativos y no fija metas, indicadores ni mandato de evaluación para verificar si los cumple.
El diseño obtiene 5,9 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es sostenibilidad, con 4,0/10: el saldo del Fondo de Alto Costo cerró 2025 en $38.326 millones, y el Congreso tramita un alza del aporte fiscal anual permanente de $100.000 a $185.000 millones.